Orlando Zabaleta.
Los derechos humanos son algo muy serio. Usted puede jugar
con cartas, a las carreras de caballo, con los terminales, pero jugar con algo
que define nuestro nivel civilizatorio y nuestra cualidad como personas y como especie
traspasa los límites.
La tortura y la desaparición son delitos especialmente abominables.
Ya es bastante monstruoso el malandro que mata a la víctima del robo sin
ninguna razón, sin rabia ni cálculo. Igual desprecio por la vida ajena tiene el
guapetón bien trajeado que asesina al que lo miró mal en una tasca. Pero el
torturador es de una condición enfermiza, para mí, inexplicable e imperdonable.
La desaparición fue popularizada en Venezuela por el
gobierno de Leoni. Con Betancourt siempre aparecían los cadáveres, que no los asesinos.
Pero con Leoni, el gobierno negaba saber nada de nada, y los familiares ni
siquiera podían enterrar a su deudo ni cerrar el terrible capítulo de la
pérdida. Más tarde, las dictaduras del Sur hicieron uso masivo de esta experiencia
venezolana. Con CAP II, y la represión post-Caracazo amparada en la suspensión
de garantías que aprobó Ramos Allup, los
desaparecidos pasaron del millar. El gobierno de Maduro carga el estigma de
Alcedo Mora, chavista que señaló actos de corrupción en PDVSA, desaparecido
hace más de un año.
No se debería, pues, tomar a juego algo tan serio como la lucha
por los DDHH. Pero se hace. Se politiza la denuncia. Y los actos más macabros
son filtrados, si conviene. Es vicio mundial: es notorio el silencio sobre los
abusos de la monarquía saudí: o sea, los amigos de Estados Unidos pueden violar
los DDHH a su antojo.
Los gringos, mientras mantienen en Guantánamo una prisión
especializada en la violación de los derechos más elementales, prostituyen la
defensa de los DDHH. No firmaron el Protocolo de Roma ni son parte de la
Comisión de Derechos Humanos de la OEA, pero promueven denuncias en esas
instancias contra los gobiernos que no se les arrodillan. Por eso el “sistema”
de DDHH de la OEA no dice una palabra de los asesinatos de negros en Estados
Unidos ni de los estudiantes desaparecidos en México.
Cuando la Guarimba de 2003, Pompeyo Márquez y Delsa
Solórzano denunciaron la desaparición de no sé cuántos guarimberos de nombres reservados,
porque dizque los familiares temían la represión. Primeros desaparecidos
anónimos que yo escuchaba, porque hasta en dictaduras como la de Pinochet y Videla
no hubo terror suficiente para callar la voz de una madre por su hijo
desaparecido. Pompeyo perdió viejas amistades entre las familias de las verdaderas
víctimas de la represión adeca: la viuda de Alberto Lovera y la madre de los
hermanos Bottini Marín, que, indignadas, rompieron con Pompeyo.
A Rosales, siendo gobernador, le pareció algo nimio que su
Jefe de Seguridad, Mazuco, fuera acusado no sólo de asesinar a un detenido, sino
de torturarlo. Lo mismo pensó la Oposición, que declaró a Mazuco perseguido
político.
Pérez Venta, el que torturó, asesinó y descuartizó a Liana
Hergueta, daba declaraciones a NT24 como defensor de los Derechos Humanos de
Voluntad Popular. Estaba defendiendo a Lorent Saleth, quien consideraría un
insulto que lo tildaran de “pacifista” y había sido deportado por Santos por
sus tratos con paramilitares.
Con toda esta siniestra guachafita con los derechos humanos
no es de extrañar que Obama nos siga considerando una “amenaza inusual y
extraordinaria” y nos acuse de violar los DDHH. Ni que la MUD apruebe una vergonzosa
Ley para exonerar no sólo el defalco bancario, el tráfico de drogas y armas, la
corrupción, el fraude, la usura y el uso indebido de niños, sino también a los
que colocaron trampas mortales de alambres de púas en la vía pública.
En los acuerdos de paz, luego de insurrecciones internas, se
amnistía la rebelión y las actividades vinculadas con la rebelión (como el uso
de armas de guerra), pero no se cubren delitos no relacionados con la política (como
el fraude o la estafa). Esta ley es al revés: enumera los delitos
(prácticamente todos los imaginables) y los perdona, siempre y cuando hayan
sido realizados para protestar contra Maduro. No sabía que el derecho a
delinquir era un derecho humano.
Domingo 13/03/2016. Lectura Tangente, Notitarde
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